Los hechos se habrían producido con la complicidad de los padres de la presunta víctima. La justicia sospecha que el exmandatario tuvo un hijo con la adolescente.
Una fiscal boliviana presentó una “imputación formal” en contra del expresidente Evo Morales por el “delito de trata de personas agravado” por el abuso de una menor de 15 años. Además, solicitó una alerta migratoria. El exmandatario se encuentra virtualmente atrincherado en su feudo del Chapare.
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, señaló que la presentación se extendió contra Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima, y detalló que ahora se espera que “el juez señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares”.
Según la denuncia, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo. También en el proceso se indica que los padres de la adolescente “lucraron” con ella al entregarla al expresidente a cambio de “favores”.
Quién es la presunta víctima de estupro
La víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia, llamado “Generación Evo”. La fiscal afirmó que se solicitó la alerta migratoria para Morales, así como para Pozo.
Una orden de arresto en contra de Morales ya había sido emitida el 16 de octubre, pero no pudo ejecutarse porque no fue posible dar con su paradero, como consta en “muchos informes” que recibió de la Policía.
”Uno de los informes señala que policías de inteligencia procedieron a buscar a Morales en (la población) de Villa 14 de Septiembre, en el Chapare, porque señalaron el lugar (como su) domicilio real, pero durante la diligencia se constató que no estaba ahí “, explicó la fiscal.
Además, los policías informaron que trataron de buscar en otros domicilios, y luego de “labores de vigilancia”, Morales “no se encontraba habitando esos lugares”.
Cuando se emitió la orden de captura para Morales, sus seguidores montaron fuertes bloqueos de carreteras durante 20 días, especialmente en el centro del país, para defenderlo. Esa fue una de las razones por las que la Policía no pudo ingresar al Chapare, bastión político y sindical del exmandatario, según la fiscal. Otro motivo fue para proteger a los agentes de seguridad, debido a que durante el bloqueo de carreteras algunos de ellos fueron brutalmente golpeados y heridos.
”Pese a las gestiones realizadas en el marco del cumplimiento de la orden de aprehensión, la ejecución contra Evo Morales enfrenta riesgos técnicos y operativos significativos”, concluyó un informe de la Policía, leído por la fiscal.
”Acá no hay nada político, estamos resguardando los derechos de una persona que ha sido ultrajada, con el visto bueno de sus padres. Vamos a exponer todas estas situaciones (ante el juez)”, precisó la fiscal.
Gutiérrez denunció que el 3 de octubre el entonces fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, la apartó de su cargo y frenó una orden de captura contra Morales que ella había emitido. Días después, Gutiérrez fue restituida en la Fiscalía y Lanchipa renunció como fiscal general.
Desde octubre, Morales no salió del Chapare, y afirmó que se encuentra protegido en todo momento por al menos “500 personas”. Por otro lado, en la Argentina se abrió un caso contra Morales por la “presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual”, durante su estadía en ese país en 2019, cuando fue acogido con el estatus de refugiado por el entonces presidente, Alberto Fernández. Ese estatus fue revocado por el actual mandatario Javier Milei.
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