Vente Venezuela subrayó que “los venezolanos son víctimas de un régimen criminal que ha forzado su desplazamiento masivo”.
El partido político Vente Venezuela (VV), encabezado por la líder opositora María Corina Machado, solicitó a Estados Unidos que se revisen las restricciones de visas aplicadas a 19 países, incluyendo a la nación caribeña, con el objetivo de que estas medidas apunten, según sus palabras, a quienes “sostienen” al régimen de Nicolás Maduro.
En un comunicado difundido en X, la organización expresó: “Creemos fundamental que se ajusten las medidas que restringen la movilidad de los venezolanos hacia territorio estadounidense, para que estén expresamente enfocadas hacia quienes sostienen a dicho régimen criminal en Venezuela o cometen actos ilegales fuera del país”.
El partido manifestó su confianza en las autoridades de Estados Unidos para que tomen en cuenta esta “distinción fundamental en la aplicación de su política migratoria, para evitar así que personas inocentes sean objeto de potenciales injusticias”.
El comunicado subrayó que “los venezolanos son víctimas de un régimen criminal que ha forzado su desplazamiento masivo. Miles de nuestros ciudadanos huyen de una tiranía que les niega acceso a sus bienes, documentos y derechos básicos, dejándolos en total vulnerabilidad”, apostilló.
El nuevo decreto presidencial de Estados Unidos, anunciado el miércoles, prohíbe el ingreso a territorio estadounidense de ciudadanos provenientes de 12 países: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo (Brazaville), Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
A la vez, impone restricciones a los ciudadanos de otros siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Quedan también fuera de la restricción las personas con visas diplomáticas, los atletas, entrenadores y miembros de equipos deportivos que viajan para competencias como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial, y los ciudadanos de Afganistán con visa especial.
La prohibición comenzará a regir el 9 de junio, conforme a la orden, que estipula que el secretario de Estado deberá presentar al presidente un informe con su evaluación y recomendaciones cada 90 días y luego cada 180 días, para definir si la disposición debe mantenerse, modificarse, ampliarse o eliminarse.
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