En medio de la creciente presión internacional, la dictadura busca debilitar los liderazgos de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. El Foro Penal indica que a día de hoy registra “el número más alto de presos políticos en la historia de Venezuela en el siglo XXI”
Durante la campaña electoral, Nicolás Maduro prometió un “baño de sangre” en Venezuela si el chavismo no ganaba las elecciones del 28 de julio. Apalancado por todo el aparato estatal, controlado por el régimen, el dictador se proclamó ganador de los comicios sin presentar las actas electorales. Pese a su presunta victoria, el mandatario chavista cumplió con su amenaza e inició, una vez más, una brutal ola de violencia y persecución contra la oposición venezolana y contra todos aquellos que se atreven a discutir los resultados electorales y denunciar fraude.
Pasado poco más de un mes de las elecciones, y con más de 25 personas asesinadas en el contexto de las protestas, más de 2400 detenidos arbitrariamente, y al menos 50 desapariciones forzadas, la ONG Provea sostiene que el país está sumido bajo “un terrorismo de Estado”.
Alfredo Romero, abogado defensor de derechos humanos y director de la ONG Foro Penal, sostuvo días atrás que la organización registró “el número más alto de presos políticos en la historia de Venezuela en el siglo XXI”.
Según esa ONG, hasta el pasado 26 de agosto en el país se registraban 1780 presos políticos, de los cuales 1581 fueron detenidos desde el 29 de julio, un día después del fraude electoral cometido por el dictador chavista.
De esos detenidos, 1624 son civiles y 156 militares. Además, 114 son adolescentes. “La situación postelectoral incluye detenciones a personas que solo salieron a protestar”, afirmó Romero al canal NTN 24.
En los últimos días decenas de familiares se trasladaron hacia el penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, donde están recluidos cientos de menores y jóvenes acusados de “terrorismo” por salir a protestar. De acuerdo a lo denunciado por los familiares y organismos de derechos humanos, a los adolescentes detenidos no se les permite hacer llamadas a sus familias ni tener acceso a un abogado.
Este alarmante aumento de las detenciones se da en el marco de la “Operación Tun Tun” ejecutada por la dictadura, a través de la cual el régimen detiene y persigue a quienes cuestionan los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) chavista.
Además de los miles de civiles detenidos por atreverse a salir a protestar, la ola de detenciones también incluye a más de 20 dirigentes políticos de la oposición.
Desde el antichavismo sostienen que el objetivo del régimen, en medio de la creciente presión internacional tras el fraude electoral, es debilitar el liderazgo de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia secuestrando a funcionarios de su círculo cercano.
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El miércoles pasado fueron detenidos por las fuerzas de seguridad del régimen los dirigentes opositores Biagio Pilieri y su hijo Jesús Pilieri al retirarse de la masiva convocatoria que encabezó Machado en Caracas con motivo del primer mes tras el fraude del 28 de julio.
Inicialmente, la agrupación había difundido una alerta en la que advertía que el dirigente de Convergencia Venezuela estaba siendo seguido en el barrio de La Castellana por “sujetos no identificados” a bordo de dos camionetas y tres motos que “intentan chocarlos para secuestrarlos”.
El propio Pilieri llegó a publicar un video en el que narraba lo que estaba ocurriendo: “Estamos siendo seguidos, entendemos y estamos seguros, por cuerpos de seguridad del Estado, apenas salimos de la actividad donde estuvimos acompañando a María Corina y a otros. Nos vienen siguiendo desde hace 20 minutos”.
Momentos después, el Comando supo que se encontraba secuestrado en El Helicoide tras verificar la última ubicación de su celular.
Al día siguiente, María Corina Machado confirmó en rueda de prensa la liberación de Jesús, mientras que su padre Biagio permanece en esa prisión del centro de Caracas, considerada como el principal centro de torturas de la dictadura.
Un día antes las fuerzas del régimen se habían llevado al portavoz de María Corina Machado, Perkins Rocha. El también Coordinador Jurídico y Representante ante el CNE, fue llevado “a la fuerza” por sujetos no identificados, según denunció el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.
Pilieri y Rocha son los últimos de una larga lista de dirigentes políticos opositores detenidos por la dictadura.
Uno de los primeros secuestrados tras el 28 de julio fue Freddy Superlano, coordinador político nacional de Voluntad Popular, quien apenas dos días después de los comicios, el martes 30 de julio, fue subido por la fuerza a un vehículo en la urbanización Sebucan, en Caracas. El hecho quedó registrado en un video grabado por unos vecinos que, entre abucheos y gritos, exigían a los funcionarios vestidos de negro que no se llevaran al dirigente opositor.
Desde entonces, la persecución fue en escala y no se detuvo.
Días después de la aprehensión de Suprelano también fueron detenidos en Caracas los opositores Williams Dávila y Américo De Grazia, entre otros.
El brutal proceder de los grupos de tareas de la dictadura quedó registrado el miércoles 7 de agosto por la noche, cuando la detención arbitraria de María Oropeza, coordinadora de Vente Venezuela, quedó registrada en una transmisión en vivo por Instagram. El video fue seguido en directo por cerca de 5.000 personas.
La lista de dirigentes opositores detenidos tras el 28 de julio la completan Félix Arroyo (tercer vicepresidente de Acción Democrática); Luis Istúriz (secretario político de Vente Venezuela en el estado Miranda); Carlos Molina (secretario de organización regional de Un Nuevo Tiempo); Virgilio Laverde (coordinador juvenil de Vente Venezuela en Bolívar); Henry Salazar (miembro de Vente Venezuela en el estado Aragua); Yulennis Aranguren (coordinadora del Comando de Edmundo González en Biruaca, estado Apure); Endrick Medina (director de gobierno de la alcaldía de Carora, estado Lara por Acción Democrática); Beatriz Andrade (concejal del municipio Freites, estado Anzoátegui, Acción Democrática); Fernando Feo (alcalde del municipio Tinaquillo, estado Cojedes, Acción Democrática); José Camero (secretario general de Acción Democrática en el municipio Leonardo Infante, estado Guárico); Roland Carreño (miembro de Voluntad Popular); Mónica Martínez Bowen (miembro del Comando Con Venezuela en municipio Páez, estado de Yaracuy); y Rafael Sivira (coordinador juvenil de Causa R).
En tanto, los dirigentes Piero Maroun (secretario nacional de organización de Acción Democrática) y Alfonso Andara (presidente del partido COPEI en el municipio Bruzual, estado Yaracuy), fueron detenidos el 16 de agosto, y liberados con medidas cautelares horas después.
Sin embargo, antes de los comicios también se habían registrado decenas de detenciones. Días previos a la cita electoral, el Foro Penal habían reportado 102 personas apresadas durante el año en torno a las campañas y mítines de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. De ese total, cerca de 70 habían sido puestos en libertad a pocas horas de haber sido detenidos.
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El régimen de Maduro busca debilitar los liderazgos de María Corina Machado y Edmundo González UrrutiaDe las 102 detenciones, 77 se dieron a partir del inicio formal de la campaña, el pasado 4 de julio, lo que refleja “un claro patrón de actuación contra activistas, militantes, incluso colaboradores o personas que prestan sus servicios” a González Urrutia y a María Corina Machado, dijo en ese entonces Gonzalo Himiob.
En este contexto de persecución y represión, cada vez es mayor la presión de la comunidad internacional contra la dictadura de Maduro para que respete la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas el 28 de julio y para que ponga fin a la violencia desatada contra la oposición.
Pese a los insistentes llamados de la Unión Europea, Estados Unidos, y decenas de países y organismos de la comunidad internacional, la dictadura de Maduro sigue adelante con su maquinaria represiva y hasta ha amenazado con emitir ordenes de detención contra los propios Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Algo que, según advirtió Washington, sería cruzar una línea roja.
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