Hoy la jueza Loretta Preska ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los beneficiarios del juicio en EEUU
El acto, con toda pompa, se hizo el 16 de abril de 2012 en el salón Juana Azurduy de la Casa Rosada. Estuvo a cargo de Cristina Kirchner, presidenta de la Nación en ese momento. “No es de estatización, sino de recuperación de la soberanía y control de los hidrocarburos”, dijo la exmandataria, quien hoy cumple prisión domiciliaria, condenada en la llamada causa “Vialidad”.
Al otro día, Clarín tituló: “La Presidenta intervino la empresa y nombró al frente a De Vido y Kicillof” y “Repsol considera ‘ilícita’ la expropiación de YPF y anuncia medidas legales”. Página 12, en tanto, celebró: “Volvió YPF”.
Más allá de los motivos, e incluso aunque hubiese sido una buena decisión política y estratégica –porque Repsol administraba mal la empresa o por potencial que ya se avizoraba de Vaca Muerta– fue una expropiación viciada, llevada adelante con mala praxis. Mal hecha, técnica y estratégicamente.
Los USD 16.000 millones representan una cifra que está viva, en rigor. La sentencia tiene intereses diarios por unos USD 2,5 millones y el monto total ya superó los USD 17.000 millones.
Argentina apeló ese fallo de primera instancia. Pero en paralelo se siguieron cursando medidas extra que pidió el bufete británico Burford Capital, principal beneficiario de la demanda. En uno de esos pedidos, hoy Preska le ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago por la expropiación de la petrolera.
La noticia fue una verdadera bomba: el país va a apelar y eso “congelará” el traspaso accionario por un año y medio. Pero se trata de una noticia negativa. Tanto que las acciones de la petrolera se derrumbaron más 5%, mientras que las de Burford se dispararon más de 20 por ciento.
El juicio
Un resumen muy rápido de una extensa demanda podría ser el siguiente: el kirchnerismo le pagó rápido a Repsol, la empresa que controlaba la operación, y dejó de lado a otros accionistas minoritarios.
Los accionistas que se quedaron con las manos vacías iniciaron una demanda por ese “destrato” (no es esa la figura jurídica, claro) y luego le vendieron los derechos de litigio a una empresa que se dedica a comprar ese tipo de demandas y sostenerlas por años, haciéndose cargo de los gastos e incluso vendiendo parte de las futuras ganancias. A eso se dedica Burford Capital y por eso más de uno lo considera un “fondo buitre”, aunque no lo sea en rigor.
El extenso juicio está en apelación y, en paralelo, Burford impulsa todo tipo de medida extra, como pedir embargos y demostrar que el Estado e YPF son lo mismo, algo que jurídicamente se conoce como “alter ego”.
El mandatario responsabilizó por completo al gobernador que estuvo al frente de la operación que la justicia de EEUU consideró fallida. Tan es así que hoy posteó en X que fue un fallo contra Kicillof.
“Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK”, escribió Milei.
“Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires. Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales. Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina”, dijo el mandatario.
La posdata fue un insulto directo.
About The Author
