Los fiscales de la causa insisten en que la expresidenta debe ser trasladada a una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Acusaciones de trato diferencial respecto de los otros condenados.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron nuevamente el arresto domiciliario de Cristina Kirchner por la condena en la causa Vialidad e insisten en que la expresidenta sea trasladada a una cárcel común.
En línea con la postura adoptada desde que se conoció la sentencia de la Corte Suprema, los fiscales aseguraron a la Cámara Federal de Casación Penal, la encargada de resolver esta cuestión, que “jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”.
Este argumento va directamente en contra de lo decidido oportunamente por el Tribunal Oral Federal 2 que ponderó la condición de expresidenta de Cristina Kirchner y del intento de asesinato que sufrió, y aseguró que resultaría más complejo garantizarle seguridad en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.
Mola y Luciani insistieron en que “no se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria”, y resaltaron que los informes médicos arrojaron que la expresidenta se encuentra en buen estado de salud.
Los representantes del MPF fueron más allá y argumentaron que su solicitud también responde a que la persona condenada, en este caso Cristina Kirchner, “internalice y adquiera la capacidad de comprender la gravedad del daño ocasionado por la comisión de un delito (en este caso, se trata de un gravísimo hecho de corrupción que trajo aparejado un perjuicio colosal para el Estado nacional y, en consecuencia, para la sociedad)”.
Asimismo, “respetar la ley, procurando que la persona condenada mantenga o adquiera pautas de comportamiento y de convivencia aceptadas por la sociedad”.
“¿Qué expectativas reales de resocialización, readaptación o reinserción pueden esperarse, a la luz de los acontecimientos públicos y notorios (tumultos y afrentas a la jurisdicción perpetradas, incluso, por la propia persona condenada) que han tenido lugar desde el mismo momento en que se le concedió el beneficio excepcional de la prisión domiciliaria (al que esta fiscalía se opuso) y en el mismo lugar que el tribunal consideró idóneo para el cumplimiento de esa prisión morigerada (la vivienda de la calle San José 1111, piso segundo, departamento “d” de esta ciudad)?“, se preguntaron al respecto los fiscales.
En ese marco, agregaron: “¿Puede la pena, ejecutada bajo estas condiciones irregulares, considerarse como un instrumento estatal útil y eficaz para la consecución de los fines sociales que se propone?”.
La batalla judicial por la prisión domiciliaria
La apelación de Mola y Luciani se dio por la decisión del TOF de remitir a Cámara Federal de Casación la apelación de la defensa de Cristina Kirchner para que pueda recibir visitas sin previa autorización judicial.
Se trata del recurso presentado por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy para que se deje sin efecto la imposición realizada por el Tribunal al momento de otorgarle la prisión domiciliaria a la expresidenta.
Para la defensa de Cristina Kirchner, la regla impuesta por el TOF resulta incompatible con el derecho a la vida familiar y social de su representada.
Los abogados aseguraron que los jueces del tribunal omitieron que la expresidenta tiene que reunirse con frecuencia con los profesionales contables que la asisten, al igual que los apoderados que se encargan de las cuestiones administrativas que deben desarrollar en forma diaria en su nombre.
También los peritos designados en el marco de otros procesos judiciales en su contra. Y los asesores que asisten a la expresidenta para continuar desarrollando distintas actividades que no han sido prohibidas con la imposición de la pena.
“Una consideración aparte merece la situación de las personas que, sin ser familiares de nuestra representada, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación”, expresó el documento.
También se destacó que Fernández de Kirchner sigue siendo la presidenta del Partido Justicialista (PJ). “(En un sistema democrático) no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra”, expusieron los letrados.
Casación fijó una audiencia para el próximo 7 de julio para resolver la cuestión.
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