La organización señaló que 722 de los detenidos son civiles y 168 militares.
La ONG Foro Penal registró un total de 890 presos políticos en Venezuela hasta el pasado lunes, según informó este miércoles a través de la red social X.
La organización indicó que del total de detenidos, 800 son hombres y 90 son mujeres, entre los cuales hay 885 adultos y cinco adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, la mayoría arrestados luego de los comicios presidenciales de 2024, en los que el ente electoral proclamó como ganador a Nicolás Maduro pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria y diversos gobiernos.
Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, califican a quienes fueron detenidos tras las elecciones como “terroristas” y aseguran que no son presos políticos, sino que cometieron varios delitos.
El lunes pasado, decenas de familiares de los considerados presos políticos se concentraron en Caracas para rezar un viacrucis en el marco de la Semana Santa y pedir así por la libertad de sus allegados.
Las familias protestaron en la plaza Altamira, en el este de la capital, exhibiendo pancartas para pedir la liberación de sus parientes y llevando globos morados, color que representa la preparación espiritual y la penitencia en la tradición católica.
Pedido por Carlos Julio Rojas
Por otra parte, las ONG venezolanas Espacio Público y Justicia, Encuentro y Perdón exigieron el martes la libertad “plena e incondicional” del activista y periodista Carlos Julio Rojas, detenido desde hace un año y acusado por el chavismo de varios delitos, entre ellos magnicidio en grado de tentativa.
“Exigimos su libertad plena e incondicional, así como garantías para su integridad física, su derecho a un juicio justo y a una defensa legal independiente”, señaló Justicia, Encuentro y Perdón en una publicación en X.
Agregó que el “verdadero delito” de Rojas ha sido ejercer el “periodismo y su activismo comunitario en La Candelaria (sector de Caracas), denunciando problemas cotidianos como la falta de agua, luz o violaciones al derecho a la propiedad”.
Entretanto, Espacio Público exigió al Estado venezolano que se abstenga de usar el Poder Judicial como “medio de persecución contra los periodistas y defensores de derechos humanos”.
“Luego de 365 días, sigue tras las rejas en una celda que comparte con 14 personas más en El Helicoide, Caracas (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia). Su caso está como en el primer día: sin avances, sin el respeto al debido proceso, sin acceso a la defensa privada, sin libertad”, añadió en una nota de prensa.
El periodista fue detenido el 15 de abril del año pasado y acusado, según el fiscal general Tarek William Saab, de los delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.
El intento de magnicidio que se le imputa se debe, según las autoridades chavistas, a que está supuestamente vinculado a un plan para asesinar a Nicolás Maduro, durante el acto de inscripción de su candidatura presidencial para las elecciones del pasado 28 de julio.
Saab explicó que el periodista forma parte de Vente Venezuela (VV), el partido liderado por María Corina Machado, y aseguró que recibía órdenes de la ex diputada para generar protestas violentas en el país.
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