Argentina's Vice President and President of the Senate, Cristina Fernandez de Kirchner, looks on as lawmakers meet to debate and vote an agreement with the International Monetary Fund (IMF), at the National Congress in Buenos Aires, Argentina March 17, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian
Tras el fallo de la Corte Suprema, Cristina Kirchner solicitó cumplir la condena en su departamento de la calle San José porque sostuvo que una cárcel “de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad”
Cristina Kirchner pidió ayer cumplir su condena de seis años de prisión en la causa Vialidad en prisión domiciliaria y sin usar una tobillera electrónica que controle sus movimientos. La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
Así lo solicitaron Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, los abogados de la ex mandataria, en un escrito de 13 páginas que presentaron en el Tribunal Oral Federal 2 luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena y así quedó en condiciones de que empiece a cumplirla. Cristina Kirchner pidió que el arresto domiciliaria sea en el edificio de la calle San José 1111, donde vive actualmente y donde ayer saludó desde el balcón a los militantes que la acompañaron después de la resolución del máximo tribunal.
Los abogados plantearon “razones de seguridad personal” de Cristina Kirchner por haber sido presidenta. Señalaron que en ese rol tuvo “información de carácter secreto o bien confidencial”, por lo que debe tener una custodia especial de la Policía Federal.
En esa misma línea, el pedido de prisión domiciliaria recordó el intento de homicidio de la ex presidenta el 1 de septiembre de 2022 cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó a centímetros de la cara con un arma. Los abogados recordaron que uno de los investigados en esa causa “tiene relación directa con quien actualmente se desempeña como titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, en cuya órbita actúa, precisamente, el Servicio Penitenciario Federal”. La defensa, sin nombrarlo, hizo referencia al diputado nacional Gerardo Milman y a su relación con Patricia Bullrich.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación.
Y agregaron entre sus argumentos: “las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua. En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”.
Por otra parte, la defensa planteó que Cristina Kirchner tiene 72 años. La ley establece que a partir de los 70 años puede pedir la prisión domiciliaria por cuestiones etarias, aunque su otorgamiento no es obligatorio.
La ex presidenta también solicitó que no se le coloque una tobillera electrónica para cumplir la prisión domiciliaria. Se trata de un dispositivo que controla los movimientos del detenido y que se activa en caso que viole el lugar de detención. La defensa sostuvo que Cristina Kirchner cuenta con custodia de la Policía Federal las 24 horas, lo que garantiza que no se va a fugar ni a violar la detención domiciliaria.
“Así las cosas, el uso de tobillera electrónica por parte de nuestra representada deviene completamente innecesario”, planteó la defensa.
Sin embargo, la ley de ejecución de la pena establece que para la prisión domiciliaria “se exigirá un dispositivo electrónico de control”.
Los abogados pidieron que mientras se analice el pedido de prisión domiciliaria la ex presidenta quede detenida en su casa y no sea trasladada a ninguna unidad penitenciaria o dependencia policial.
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