Solo participó el 13% del padrón. Los comicios, impulsados por el oficialismo, buscan transformar el Poder Judicial, pero hay preocupación por la independencia de los magistrados frente al crimen organizado.
Con una participación electoral inferior al 14%, México celebró este domingo unos comicios inéditos en los que la ciudadanía eligió de manera directa a todos los jueces del país, desde los integrantes de la Suprema Corte de Justicia hasta magistrados y jueces de primera instancia. A pesar de la escasa concurrencia, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que fue “todo un éxito”.
Según datos preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE), votó entre un 12,5% y un 13,3% del padrón compuesto por 100 millones de personas, un número muy lejano al registrado en las elecciones presidenciales de 2024, cuando Sheinbaum accedió al poder con amplio respaldo popular. El proceso no exigía un umbral mínimo de participación para ser considerado válido.
La mandataria sostuvo que esta elección representa “la forma de terminar con la corrupción e impunidad del sistema judicial”, y apuntó que el poder judicial saliente fue “responsable de favorecer a miembros de la delincuencia organizada” y de “proteger a delincuentes de cuello blanco”.
Durante la jornada fueron seleccionadas unas 2680 personas para ocupar cargos judiciales. Otros 4000 puestos se definirán recién en 2027. Los resultados oficiales se conocerán en los próximos días.
Acusaciones cruzadas, abstención y candidatos polémicos
La elección se desarrolló en un clima marcado por la confusión y el desconocimiento de los candidatos. “No conoces a los candidatos, salvo los que hacían videos en TikTok”, dijo a la agencia AFP Leslie Moreno, abogada de 30 años, luego de emitir su voto.
Entre los aspirantes hubo postulaciones muy controvertidas, como la de Silvia Delgado, exabogada del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, quien buscaba un puesto de jueza en Chihuahua. Consultada por AFP, Delgado defendió su postulación: “Toda persona tiene derecho a que un abogado lo asista”. En la misma línea, también se postuló Fernando Escamilla, exdefensor de Miguel Ángel Treviño, exlíder del cártel de Los Zetas. Otro candidato, Leopoldo Chávez, cumplió casi seis años de prisión en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.
La organización Defensorxs identificó al menos 20 postulaciones de riesgo, por vínculos con estructuras criminales o antecedentes comprometidos.
“Una farsa” o un cambio histórico
Mientras el oficialismo defiende la reforma como un paso hacia la democratización y el control ciudadano del sistema judicial, sectores opositores y organismos internacionales encendieron alertas sobre la posible cooptación del Poder Judicial por el crimen organizado o los partidos políticos.
“Manda a la tumba al Poder Judicial. Era el último contrapeso que teníamos contra el totalitarismo del Poder Ejecutivo”, declaró Ismael Novela, empleado de 58 años, durante una de las marchas de protesta en el Paseo de la Reforma.
Para Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, la elección popular “es un método de selección más fácil de infiltrar por los cárteles del narcotráfico” y “supone el riesgo de que el electorado no elija en función del mérito”.
La coalición oficialista, que ya controla el Congreso y la mayoría de las gobernaciones, busca así avanzar en una transformación estructural del sistema judicial. Esta reforma fue impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, enfrentado con la Corte Suprema durante su mandato. El exmandatario reapareció en público el domingo tras ocho meses de silencio para participar de la votación.
Para el académico David Shirk, investigador del sistema judicial mexicano en la Universidad de San Diego, el problema de fondo no está en los tribunales: “El grueso de la corrupción se concentra en las fuerzas del orden y las fiscalías”.
Próximos pasos
Aunque no hubo incidentes graves durante los comicios, la baja participación, la calidad de los candidatos y el contexto de violencia estructural en el país vuelven incierto el futuro del Poder Judicial mexicano. Mientras tanto, los resultados definirán si esta inédita experiencia será replicada, corregida o cuestionada de raíz.
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