La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos dijo que, tras el fraude de Maduro en julio de 2024, han notado un aumento de las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ataques contra derechos básicos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por la intensificación de la represión en Venezuela, en particular por la detención arbitraria y desaparición forzada de personas críticas con el gobierno. La portavoz de la entidad, Liz Throssell, advirtió que esta práctica alimenta “un clima de miedo” en el país sudamericano.
Desde las elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024, ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional, la ONU ha observado un aumento en los casos de intimidación y persecución. Throssell mencionó como ejemplo reciente la detención del abogado Eduardo Torres, quien fue arrestado la semana pasada mientras se dirigía a su domicilio en Caracas.
La oficina del Alto Comisionado indicó que tiene constancia de la muerte de al menos tres opositores desde los comicios. En respuesta, solicitó al gobierno venezolano una investigación completa e independiente sobre estos fallecimientos. Además, exigió información sobre la situación y paradero de las personas que permanecen detenidas, así como su liberación inmediata si han sido arrestadas de forma arbitraria.
En un contexto de restricciones crecientes al espacio cívico, la ONU también criticó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro. Según Throssell, la norma tiene una redacción “vaga” y en última instancia “socava los derechos a la libertad de expresión y de asociación”.
La oficina reiteró su llamado a las autoridades venezolanas para que garanticen el respeto a los derechos fundamentales, en especial la libertad de expresión, el derecho de asociación y la protección frente a la detención arbitraria.
“Habeas Corpus”
La ONG Provea presentó este lunes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo) un recurso de “habeas corpus” en favor del abogado y activista Eduardo Torres, quien, denunció, fue “detenido” y se encuentra en paradero desconocido desde el viernes pasado.
“Exigimos la libertad inmediata de Eduardo Torres”, reiteró el vocero de la organización acompañado por la madre y la esposa del activista.
Dicho recurso legal, explicó Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad legal de Provea, pretende que la Sala Constitucional del TSJ “actúe de manera pronta y eficaz” para determinar la ubicación del activista, quien también es parte del equipo de la ONG.
Provea responsabilizó al Ejecutivo venezolano “por la integridad física” del abogado, quien -asegura la ONG- ya había sido víctima de amenazas por su labor. Este domingo, Provea denunció no tener noticias del paradero Torres desde el viernes a las 16:00 hora local (20:00 GMT), cuando avisó que iba a su casa, en Caracas, a donde “nunca llegó”.
Posteriormente, la ONG indicó en X que la presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Carolina Molinos, se “negó a recibir” el ‘habeas corpus’ que se intentó interponer en favor del abogado ante el Palacio de Justicia.
De acuerdo con Provea, Torres es “beneficiario de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)“.
El régimen del dictador, Nicolás Maduro, quien juró en enero para un tercer mandato tras cometer fraude electoral en julio de 2024, asegura que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”, lo que rechazan activistas, ONG y partidos y políticos de oposición.
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