La organización publicó un informe en el que analiza el proceso electoral y las violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas del régimen.
Como recomendación, la organización Human Rights Watch (HRW) le propone al gobierno de los Estados Unidos, en su más reciente informe, que considere “imponer sanciones individuales adicionales a los funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos’ venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos, garantizando que los responsables se enfrenten a consecuencias individuales”.
Así lo destaca HRW en el informe publicado el 2 de mayo titulado “Castigados por buscar un cambio. Asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela”.
También insta a Donald Trump a que se adopten medidas “para garantizar la protección de los migrantes y solicitantes de asilo venezolanos”, por ejemplo “rediseñando el estatuto temporal de protección (TPS) para los venezolanos, reconociendo las condiciones y riesgos a los que se enfrentan en su país”.
Además, lo insta a que se restablezcan “vías seguras para migrar para los venezolanos que huyen de la persecución, incluyendo a aquellos que solicitaron el reasentamiento y cuyos procedimientos fueron suspendidos”.
Pide que se suspendan “las deportaciones, ya sean directas o a través de un tercer país, hacia Venezuela hasta que se realice una evaluación precisa del riesgo para determinar si las personas deportadas podrían sufrir persecución en caso de ser devueltos a Venezuela”.
A la vez que se garantice “la evaluación oportuna y justa de las solicitudes de asilo de los exiliados venezolanos” y se reanude “la financiación de programas humanitarios y de derechos humanos que ayuden a los venezolanos”, incluyendo los que brindan apoyo legal y psicológico a víctimas de la represión, “e implementar mecanismos de protección adecuados para quienes trabajan en estas organizaciones”.
América Latina, EEUU y Europa
Para HRW hay un mensaje principal para los gobiernos latinoamericanos, estadounidense y europeos y es “instar de manera pública y privada al gobierno de Maduro a cesar las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones de derechos humanos”.
Recomienda “asegurarse de que cualquier acercamiento con el gobierno de Maduro sea para lograr mejoras verificables, aunque sean progresivas, en materia de derechos humanos”.
Entre otras, “adoptar medidas para garantizar que los responsables de violaciones generalizadas de derechos humanos rindan cuentas de sus actos”.
Las mismas recomendaciones que le da a EEUU sobre las “sanciones individuales contra miembros de las fuerzas de seguridad, los ‘colectivos’ y funcionarios venezolanos responsables de graves violaciones de derechos humanos”, se las hace a América Latina y Europa.
Les pide impulsar “la investigación y enjuiciamiento de los delitos más graves cometidos en Venezuela, incluyendo en virtud del principio de jurisdicción universal, en la medida en que lo permita la legislación de sus países”.
También que cada uno de esos países amplíen “el acceso a la protección internacional para los venezolanos que huyen del país”.
Recomienda que se le dé garantía a la Corte Penal Internacional (CPI) para que cuente “con los recursos y la independencia necesarios para avanzar en su labor a nivel mundial y condenando públicamente los intentos de intimidar o interferir en su trabajo, funcionarios o en quiénes cooperan con la institución”.
Así mismo, garantizar “que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas disponga de los recursos necesarios para avanzar en su labor e instando a Venezuela a que le permita el acceso al país”.
Igualmente, se garantice “que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) disponga de los recursos necesarios para avanzar en su trabajo e instando a Venezuela a que garantice su pleno retorno al país”.
Leyes para perseguir
El documento de 116 páginas, que desglosa lo que ocurrió alrededor de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, los casos de asesinatos y cientos de detenciones, revela el uso de organismos policiales y militares, así como grupos de choque llamados “colectivos”.
La Ley contra el Odio, promulgada por la Asamblea Constituyente, impone penas de 10 a 20 años a quien “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia”. La Ley contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo con penas entre 25 y 30 años por actos terroristas destinados a intimidar a la población o para “desestabilizar”.
HRW refiere la investigación formal que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la situación en Venezuela, para “determinar si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, tal y como se definen en el Estatuto de Roma, y si los responsables deben ser llevados a juicio”.
Recuerdan que en febrero 2025, el gobierno de Donald Trump emitió una orden ejecutiva que autoriza el uso de sanciones contra funcionarios de la CPI y otras personas que apoyen el trabajo de la Corte en investigaciones a las que el gobierno estadounidense se oponga. “Aunque el gobierno estadounidense no se ha opuesto específicamente a la investigación de la CPI sobre la situación en Venezuela, las sanciones parecen diseñadas en parte para frenar una cooperación más amplia con la CPI e intimidar a los funcionarios de la Corte. Esta decisión puede afectar los derechos de las víctimas en todo el mundo, incluyendo en Venezuela”.
Ante los hechos que describen en el informe, HRW le solicita al gobierno de Estados Unidos que apoye la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, empezando por revocar “la Orden Ejecutiva 14203 que autoriza las sanciones relacionadas con la CPI”.
Los “colectivos”
En el informe de HRW queda claramente establecido el rol que desempeñaron los “colectivos”, la fuerza de choque de civiles armados que tiene el régimen para que actúe en la represión.
En el informe se asevera que inicialmente las fuerzas de seguridad “intentaron controlar o dispersar las protestas, usando barreras, lanzando gases lacrimógenos y llevando a cabo detenciones”, pero si los manifestantes continuaban, llegaban los “colectivos” a menudo “con armas de fuego, para intimidar o atacar a los manifestantes”.
El rol de los “colectivos” fue ayudar a reprimir las protestas, “intimidaron a personas en comunidades de escasos recursos”, además de marcar casas de “críticos y miembros de la oposición con grafitis intimidatorios”.
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