Desde agosto de 2024, el lugar permanece bajo la protección de Brasil, luego de que la dictadura de Nicolás Maduro expulsara al cuerpo diplomático argentino.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque antichavista, se sumó este jueves a la exigencia de los cinco opositores asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, quienes pidieron de manera “especial” al Gobierno brasileño, que custodia la sede diplomática, y argentino que “exijan y presionen” por la emisión de salvoconductos que permitan su salida de Venezuela.
“Sumamos nuestra voz a la exigencia de que cese el asedio y se otorguen los salvoconductos a los compañeros asilados”, dijo la PUD a través de X.
Más temprano, los refugiados Magallí Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos —todos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado— también pidieron a los países firmantes de la Convención sobre asilo diplomático (1954), suscrita y ratificada por Venezuela, que “exijan y presionen” para que se emitan los salvoconductos.
“El día de hoy, cumplimos 400 días en este lugar, a la espera de los salvoconductos que establece la legislación internacional (…) y que el régimen se niega a cumplir”, manifestaron los asilados, que exigieron que esta gestión se haga “sin más demora”.
“Desde hace cinco meses no contamos con electricidad directa, ya que los fusibles fueron sustraídos, y desde hace cinco meses no fluye el agua en las tuberías de la residencia porque simplemente no llega”, aseguraron los opositores, una denuncia que ha calificado el chavismo como farsa.
Los cinco asilados advirtieron que su situación “marca un gravísimo precedente a través de la sistemática violación a principios elementales como el asilo diplomático”, que, añadieron, “ha sido fundamental contra la persecución por motivos políticos a lo largo de décadas”.
A su juicio, la Convención sobre Asilo Diplomático y la de Viena sobre Relaciones Diplomáticas “están siendo incumplidas de manera permanente y sistemática por las autoridades venezolanas”.
“Ningún país debe permitir que se utilicen sus recintos diplomáticos para estos actos de barbarie. Es el momento de hacer valer los compromisos adquiridos por la comunidad internacional al suscribir estos acuerdos elementales para las buenas relaciones entre naciones”, indicaron los opositores.
El pasado 15 de marzo, el Comando con Venezuela insistió en una “reacción inmediata” de la comunidad internacional ante esta “violación a los derecho humanos, que permita la verificación en persona del estado de los asilados —cuya salud física, mental y emocional está en riesgo— y que contribuya a generar presión para que se solucione este asedio, pero sobre todo, que se otorguen finalmente los salvoconductos que corresponden según la normativa internacional”.
Desde agosto de 2024, la Embajada de Argentina en Caracas permanece bajo la protección de Brasil, luego de que la dictadura de Nicolás Maduro expulsara al cuerpo diplomático argentino.
Sin embargo, Venezuela revocó en septiembre pasado la autorización a Brasil, tras denunciar la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede.
Después de la medida, el Gobierno brasileño indicó que “permanecerá con la custodia y defensa de los intereses” de Argentina hasta que Javier Milei “designe a otro Estado aceptable” para la Administración de Maduro.
Los asilados aseguran que comen alimentos enlatados y utilizan como fuente de energía un ventilador con un panel solar, que tiene puertos de carga para los teléfonos móviles.
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