La demora en condenar el fraude electoral y la ambigüedad para declarar sobre la situación en Venezuela, el presidente brasileño pierde poder y legitimidad como líder sudamericano
En los próximos días, el presidente estadounidense, Joe Biden, podría volver a hablar por teléfono de la crisis venezolana con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Sería la segunda llamada telefónica después de la del 30 de julio que, de hecho, no condujo a ningún cambio en la situación de Venezuela, que está trabada en un tira y afloje entre el régimen de Maduro y la oposición liderada por María Carina Machado, que reivindica la victoria. Fuentes diplomáticas revelaron a Infobae que el llamado telefónico ya debería haber tenido lugar antes de la Convención Demócrata que se realizó en Chicago, donde Kamala Harris fue investida oficialmente como candidata para las próximas elecciones presidenciales. Problemas de agenda la postergaron. Sin embargo, debería tener lugar en los próximos días, si no en horas, ya que hoy mismo la Fiscalía General de Venezuela podría emitir una orden de detención si Edmundo González Urrutia, candidato de la coalición opositora Plataforma de la Unidad Democrática, no se presenta a la citación del fiscal Tarek William Saab.
La única certeza es que el viernes Brasil se negó a firmar el comunicado conjunto de Estados Unidos y otros diez países latinoamericanos, entre ellos Argentina y Chile, que condenaron la sentencia emitida este mismo viernes por el Tribunal Supremo venezolano que ratificó la victoria de Maduro. En la lectura del fallo, Caryslia Rodríguez también había citado al Tribunal Superior Electoral de Brasil y su conducta durante las elecciones presidenciales de 2022. “Otras naciones en el ejercicio soberano de sus funciones se han pronunciado sobre controversias derivadas de elecciones. Este es el caso del proceso electoral que tuvo lugar en Brasil en octubre de 2022, cuando se presentaron denuncias sobre un supuesto fraude electoral, lo que motivó una intervención del Tribunal que tomó decisiones para recuperar la tranquilidad social”, dijo Rodríguez.
A la luz también de esta provocación del establishment de Maduro, no está claro qué impidió a Lula firmar el documento de los otros 10 países latinoamericanos el pasado viernes. El texto cuestiona “la supuesta verificación de los resultados del proceso electoral emitida por el Consejo Nacional Electoral, que pretende validar los datos infundados emitidos po rel órgano electoral”. Asimismo, reitera que “sólo una auditoría imparcial e independiente de los votos que analice todas las actas garantizará el respeto a la voluntad soberana del pueblo venezolano”. Por último, expresa su profunda preocupación por “las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo contra ciudadanos que exigen pacíficamen te el respeto a sus votos”.
Por otra parte, el sábado, Lula y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, emitieron un comunicado en el que pedían por enésima vez, casi un mes después de las elecciones, la publicación de los resultados, una petición que hasta ahora Maduro ha hecho caer en saco roto, agravando aún más la represión, definida ya por ONG locales como mayor en número de afectados que la del dictador chileno Augusto Pinochet. Según el sitio de noticias G1, “Lula tiene ahora que fijar una fecha” en la que anunciará “que no reconocerá la victoria de Nicolás Maduro” y probablemente lo hará con el Petro. Y tal vez éste sea también el propósito de la próxima llamada telefónica de Biden, que probablemente también quiera presionar sobre esta cuestión. Pero, ¿aceptará Lula ir tan lejos? ¿O por el contrario seguirá en su impasse para no poner en riesgo las relaciones con Maduro, que conoce todos los pormenores de las operaciones de la brasileña Odebrecht en su país y que gracias a Lula ha hecho negocios en la venta de energía al estado brasileño de Roraima a través de los hermanos Joesley y Wesley Batista, otrora afectados por Lava Jato y ahora resucitados por el gobierno de Lula?
Actualmente, los venezolanos no están incluidos en esta medida. Sin embargo, un informe publicado por la ONUDC titulado Informe Situacional Brasil: Trata de personas en flujos migratorios mixtos, especialmente venezolanos; alertaba ya en 2021 de lo ocurrido con datos que hacen aún más preocupantes los escenarios futuros, en caso de que Maduro continúe en el poder. El informe denunciaba cómo es, sobre todo, la vulnerabilidad de estos migrantes lo que les convierte en víctimas del tráfico de personas y del crimen organizado. Entre las dificultades para llegar a Brasil, a través del estado de Roraima, los migrantes venezolanos siguen sufriendo la falta de agua potable, aseos y alojamiento para dormir, falta de dinero y documentación. Muchos, cuando llegan a Brasil, quinto entre los países que más los acogen, piden comida durante días. Según un estudio de la Cáritas regional, desde 2022, el número de venezolanos que entran en el gigante latinoamericano ha aumentado. Roraima recibió el mayor número de solicitudes de asilo el año pasado: 71.198 de ellas, 67.914 o el 95%, eran de migrantes venezolanos. Desde enero de 2017, cuando el gobierno comenzó a monitorear el flujo migratorio, 1.092.467 migrantes venezolanos habrían transitado por Brasil.
Hasta la fecha, el flujo diario de entrada a través de la frontera es de unas 400 personas, es decir, al menos 12.000 migrantes al mes. Se estima que normalmente entre el 10 y el 12% abandona el país, pero con las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos podría crearse un éxodo masivo hacia Brasil que se quedará. Hasta ahora, según datos del gobierno, hay 510 mil venezolanos viviendo en Brasil, de los cuales 5.200 están en la ciudad de San Pablo. Simbólico es el caso de una favela creada en 2021 por unas 40 familias venezolanas que ocuparon un terreno en un área de preservación ambiental en el barrio de San Pablo, Fazenda da Juta. La han rebautizado “Veneza City”. Estos emigrantes desesperados se han construido chabolas con materiales improvisados y ahora corren el riesgo de ser expulsados por el ayuntamiento, que quiere recuperar la posesión del terreno.
En cuanto a Lula, según los analistas políticos, la única certeza es que la crisis venezolana ha sancionado definitivamente el fracaso de su proyecto de revitalización del bloque latinoamericano, iniciativa para la que se había propuesto como líder. Basta pensar en toda una serie de proyectos para la región que se encuentran actualmente estancados, como el llamado “Consenso de Brasilia”, lanzado en mayo de 2023 en la capital brasileña. En la primera reunión, organizada por Brasil, estuvieron presentes 12 presidentes de la región, entre ellos Maduro. Luego, la presidencia del grupo pasó a Colombia en julio, tras seis meses en manos del Chile de Gabriel Boric. Hasta ahora, esta iniciativa no ha producido nada. “Con propuestas vacías”, comenta el semanario Veja en un editorial, “no ha habido ningún grado de institucionalización de la integración regional, quedándose sólo en los deseos y reafirmaciones de la visión común de que América del Sur constituye una región de paz y cooperación, basada en el diálogo y el respeto a la diversidad de nuestros pueblos, comprometida con la democracia y los derechos humanos”. Luego, cuando la realidad con la crisis venezolana exigió una defensa valiente de la democracia, el gobierno de Lula prefirió distanciarse.
Incluso la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), de la que Brasil ha sido un gran defensor, está en realidad paralizada. Además del problema causado por la presencia de Venezuela, lleva más de un año sin poder nombrar un nuevo secretario general debido a desacuerdos entre Colombia y Perú. Por no hablar de Unasur, la Unión de Naciones Suramericanas, que por el mero hecho de haber sido creada en 2008 a instancias de Hugo Chávez, sólo puede hacer temblar hoy en día a la vista del desastre venezolano. Sin embargo, Lula, desde el principio de su tercer mandato, había apostado por la reactivación de la Unasur sin ir, no obstante, más allá del anuncio. Andrea Hoffmann, profesora de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, declaró al diario O Globo que “hoy no hay espacio para la integración regional. El proyecto de Lula empezó bien, pero no prosperó. Es difícil pensar en integración si Brasil y Argentina no están juntos; mirar a Asia es casi natural”.
Y Asia para Lula significa China. Muchos analistas creen que el impasse de la crisis venezolana y su impacto en América Latina empujarán al presidente brasileño a echarse más en los brazos de Xi Jinping. No en vano, si durante meses fue tabú decir que Brasil se sumaría a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, fue el propio Lula quien lo rompió a finales de julio. “Quiero saber dónde es que podemos entrar, en qué posición vamos a jugar, porque no queremos ser reservas, queremos ser titulares”, sobre la adhesión al proyecto que permite a los chinos expandirse en países que consideran estratégicos para ellos. “Brasil nunca ha sido invitado, pero esta vez sí. China quiere discutir la Ruta de la Seda conmigo. Y yo quiero discutir la Ruta de la Seda con China”, afirmó.
Con el regreso de Lula al poder y su visita a Xi Jinping, China ha irrumpido con fuerza en Brasil. Controla minas de minerales estratégicos como el niobio, redes de transmisión eléctrica en casi todo el país y quiere invertir en energías limpias. El riesgo es que si Brasil no activa el “Golden Power” que permite a cualquier país prohibir la compra por extranjeros de bienes considerados estratégicos para la seguridad nacional, pronto se verá aplastado por el gigante chino. El enrevesado camino de la crisis venezolana y la negativa de Brasil a alinearse con las posiciones de los países democráticos de la región en la gestión de la crisis desatada por Maduro corre ahora el riesgo de llevar a Brasil a sentirse líder por una temporada con China, que sin embargo tiene todo el interés en saquear los inmensos recursos del gigante latinoamericano. Un precio que el país se arriesga entonces a pagar durante años, si no décadas, como le ocurrió, en aquel caso por culpa del chavismo, a Venezuela.