La Cámara de Representantes aprobó una ley con mayores sanciones contra el régimen venezolano; Caracas consideró “ridícula” la decisión de reconocer al líder opositor y lo comparó con Guaidó
WASHINGTON.- Estados Unidos dio ayer nuevos pasos en su misión para estrechar el cerco sobre el régimen de Nicolás Maduro al reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como “presidente electo” de Venezuela y con la aprobación parcial de un proyecto de ley comercial llamado Bolívar que ratifica sanciones contra el gobierno venezolano.
En un mensaje en la red social X, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, afirmó que “el pueblo venezolano se pronunció rotundamente el 28 de julio” y convirtió “a Edmundo González presidente electo”.
Estados Unidos ya había reconocido en agosto pasado que el opositor había obtenido mayor cantidad de votos que Maduro, pero no se había referido a él hasta ahora como presidente electo.
El canciller venezolano, Yván Gil, calificó a su par estadounidense de “ridículo”. ‘Del único lugar que no se vuelve es del ridículo’ reza el dicho popular”, reaccionó Gil en Telegram. “Blinken, enemigo confeso de Venezuela, insiste en volver a hacerlo”, añadió en referencia al reconocimiento que en Washington otorgó en 2019 al opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino tras una cuestionada primera reelección de Maduro en 2018.
Edmundo González, por su parte, se pronunció minutos después del mensaje de Blinken para agradecer el reconocimiento. “Este gesto honra el deseo de cambio de nuestro pueblo y la gesta cívica que juntos protagonizamos el pasado 28 de julio”, publicó en X.
Agradecemos profundamente el reconocimiento a la voluntad soberana de todos los venezolanos. Este gesto honra el deseo de cambio de nuestro pueblo y la gesta cívica que juntos protagonizamos el pasado 28 de julio. https://t.co/cll01xyAsZ
— Edmundo González (@EdmundoGU) November 19, 2024
Las elecciones de julio, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador por la autoridad electoral para un tercer mandato, fueron ampliamente cuestionadas por la oposición y a nivel internacional por falta de transparencia y de verificación de los resultados. Ni entonces ni hasta ahora, más de tres meses después, el gobierno ha difundido las actas de resultados oficiales.
La oposición, por su parte, dijo tener en sus manos y difundió en agosto al menos un 84% de las actas de las mesas de votación que confirmarían la derrota del oficialismo.
Desde que Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral, un cuerpo colegiado de mayoría oficialista, el mandatario y sus aliados han desafiado las peticiones de Estados Unidos, de la Unión Europea e incluso los esfuerzos de aliados de izquierda como Brasil y Colombia para que publique las actas de votación.
Observadores internacionales cuestionaron la independencia e imparcialidad de la autoridad electoral y del Tribunal Supremo, que avaló el resultado luego de realizar un peritaje formal solicitado por Maduro.
Ley Bolívar
En Estados Unidos, país muy polarizado políticamente, plantar cara a Maduro es uno de los pocos asuntos en los que demócratas y republicanos están de acuerdo.
La Cámara de Representantes estadounidense aprobó el lunes el proyecto de ley bipartidista Bolívar, que todavía necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.
El texto, denominado oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo, prohíbe a Estados Unidos firmar contratos con personas que realicen negocios “con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro” o con cualquier otro “no reconocido como legítimo por Estados Unidos”.
Caracas reaccionó con un comunicado sulfuroso en el que lo califica de “ataque criminal”.
”De manera desvergonzada, le han colocado el acrónimo de Bolívar, en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo, anti valores contenidos en este nuevo ataque criminal”, escribió el ministerio de Relaciones Exteriores.
Según el gobierno venezolano, este instrumento está destinado a impedir la cooperación económica entre ambos países y viola la Carta de la ONU “sumándose a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales” impuestas a Caracas.
En respuesta, este miércoles la Asamblea Nacional con mayoría chavista planea sancionar una normativa que contempla la “inhabilitación perpetua” contra dirigentes políticos que apoyen dichas medidas de Estados Unidos.
Uno de los impulsores del proyecto de ley es el republicano Mike Waltz, un halcón elegido por el presidente electo estadounidense, el republicano Donald Trump, como futuro asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Venezuela está en crisis debido al gobierno ilegítimo y autoritario y a las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cártel de Caracas”, afirmó en un comunicado.
“Nuestra política debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que se esfuerzan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores”, añadió el congresista republicano.