El expresidente fue citado a Comodoro Py. Luego de la indagatoria, el juez deberá decidir si lo procesa o no.
El expresidente Alberto Fernández se presenta ante el juez Sebastián Casanello para ampliar su indagatoria en la causa de los Seguros.
Fernández está imputado por administración fraudulenta y de llevar adelante negociaciones incompatibles con la función pública.
La acusación se basa en un decreto firmado por Fernández, pero también 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, y hasta una cooperativa que funcionó como financiera.
Durante su presidencia, Fernández dictó un decreto que impuso la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación. Ese decreto fue derogado en la gestión de Javier Milei.
La Justicia federal investiga la participación y el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios de esos contratos, entre los que figura Martínez Sosa.
A fines de abril, Casanello dispuso levantar el secreto fiscal y bancario del exintendente de la Quinta de Olivos Daniel Rodríguez y le solicitó a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA) un informe detallado de su patrimonio, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, cajas de seguridad, vehículos, embarcaciones o cualquier otro bien que pudiera estar a su nombre.
La hipótesis que investiga la Justicia es que Rodríguez podría estar ocultando parte del patrimonio de Alberto Fernández o del propio Héctor Martínez Sosa.
También se investiga un posible direccionamiento de los contratos, en lo que la justicia denominó una “estructura criminal” para desviar fondos públicos a privados.
Al inicio de la causa, el juez Julián Ercolini interrogó a todos los implicados, pero hasta la fecha no hubo una decisión de Casanello, quien quedó a cargo de la causa a comienzos de año. Ahora, citó a Fernández para este viernes.
Meses atrás, la Justicia recibió un informe clave elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El documento en cuestión tiene 600 páginas y según se pudo saber “demuestra la íntima vinculación de funcionarios públicos con los empresarios privados” involucrados en el caso. Una de las personas que incluye el informe es el mencionado Rodríguez, y a quien muchos señalan como un eventual testaferro del expresidente.
En el informe también se analiza al broker Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente y esposo de su exsecretaria privada.
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