Familiares de Raúl Amiel y Eduardo Torres claman justicia ante el silencio oficial tras días de incertidumbre por su paradero.
Hoy, cuando en Venezuela se celebra el Día de la Madre, cientos de hogares permanecen silenciosos, mujeres que en lugar de estar junto a sus hijos festejando el día, están en las puertas de las cárceles si les corresponde la visita, otras recorriendo los centros de reclusión preguntando dónde está su hijo o hijos buscando a sus padres. Es alarmante la cantidad de desapariciones forzadas como la de Raúl Hirsey Amiel Hevia y el abogado Eduardo Torres.
En el caso de Raúl Amiel, padre de dos niños, es hijo de la periodista Iris Hevia; él no es activista político ni social, se dedica al diseño y ventas en internet. Fue secuestrado, la noche del 5 de mayo, por sujetos armados vestidos de negro quienes, al no lograr controlarlo, lo golpearon brutalmente, le rasgaron la camisa, hasta que recibieron ayuda de tres hombres más con vestimenta del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), quienes se lo llevaron.
Amiel Hevia estaba en su casa de la avenida principal del sector Los Kioskos en San Cristóbal, del fronterizo estado Táchira, cuando llegaron tres funcionarios, sin identificarse y sin identificar a Raúl Amiel. La esposa del joven, al observar el extraño procedimiento de los funcionarios, que no llevaban ni siquiera la orden de allanamiento y mucho menos de detención, no les permitió el acceso a la vivienda familiar, pero los funcionarios pasaron de las amenazas a la acción, incluso golpeando a la esposa de Amiel y a un hijo adolescente, antes de llevarse al hijo de la periodista, en una camioneta de color blanca tipo Tacoma.
“Han pasado siete días y Raúl Amiel está en desaparición forzada”, denuncia la familia. La denuncia se encuentra en manos de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía encargada de Derechos Fundamentales; lo inaudito es que el fiscal le dijo a la familia que no publicara nada en redes. Familiares y amigos de Amiel han acudido a la sede del SEBIN, pero la respuesta de los funcionarios de ese cuerpo de inteligencia es que el joven no se encuentra ahí y como, en muchos otros casos, niegan la detención, mientras el Ministerio Público se niega a actuar.
Reconocido Defensor de DDHH
En el caso de Eduardo Torres, reconocido defensor de Derechos Humanos, trabajador de la ONG Provea, así como secretario de Reclamos y Contrataciones Colectivas de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la Universidad Central de Venezuela (Apufat). Su esposa Emiselys Núñez, en un video a través de las redes sociales, anunció, al salir del Helicoide, centro de reclusión al mando del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde le dijeron que no tenían información y que el abogado no se encontraba ahí.
La esposa de Torres indicó que desde las 4 de la tarde del viernes perdieron el contacto con el trabajador de Provea, quien se encontraba en una reunión en Parque Central, al término de la cual se despidió y anunció que iría a su casa, pero no llegó. Hace poco más de un año, en marzo 2024, Eduardo Torres se encontraba en los tribunales cuando denunció la presencia de personal militar de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) quienes estaban encapuchados en las instalaciones de los Tribunales del Circuito Judicial Penal de Caracas, fue retenido por los funcionarios.
La inmediata denuncia de lo que estaba ocurriendo fue una gran presión para que Torres fuera dejado en libertad, luego de estar sometido a un fuerte acoso por parte de los funcionarios militares. El viernes se presume que Torres, al salir de la reunión y dirigirse hacia su vivienda, fue interceptado por funcionarios de los cuerpos represivos quienes se lo llevaron y lo mantienen en desaparición forzada.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), organización de defensa de derechos humanos, denunció la posible desaparición forzada de Torres. “Debido a la alta probabilidad de que nuestro compañero Eduardo Torres se encuentre en condición de detención y desaparición forzada, debido a su labor como activista de DD HH y dadas las constantes amenazas en su contra”, manifestó la ONG.
Casos emblemáticos y amenazas recientes
Torres es uno de los más reconocidos defensores de Derechos Humanos en Venezuela, desde hace más de 10 años, destacándose en la defensa de los trabajadores y sus reivindicaciones laborales. Uno de sus casos emblemáticos fue la ardua lucha que desempeñó cuando fue detenido el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, quien fue detenido en una alcabala en Anaco, estado Anzoátegui, regresando de una marcha en la capital Caracas.
La defensa de Torres por González tuvo énfasis en que el dirigente obrero estaba siendo procesado por un tribunal militar y recluido en la cárcel La Pica en Maturín, estado Monagas, donde han sido enviados varios presos políticos. Al sindicalista, que salió excarcelado dos años después, le imputaron ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional.
Torres ha formado parte del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y ha sido acompañante de los familiares del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), que el viernes concluyó la Ruta Global por La Justicia con la última parada en la sede diplomática de la Unión Europea en Caracas.
Varios familiares de presos políticos recibieron amenazas, por diversas vías, para que no participaran en la Ruta Global, e incluso una de las líderes, Andreína Baduel, denunció la presencia frente a su casa de funcionarios, grabando y fotografiando su vivienda. Luego apareció en redes sociales la versión no oficial de que su hermano, Josnars Baduel Oyoque, preso en la cárcel El Rodeo I, habría fallecido, por lo que su familia está exigiendo fe de vida. “El reiterado acoso contra activistas y familiares de presos políticos refleja una alarmante escalada represiva en Venezuela”.
A esto se suma el acoso contra los dirigentes de la Coalición Sindical, que han sufrido intimidación de funcionarios y vehículos con sirenas policiales frente a sus viviendas.
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