Lo hizo la Superintendencia de Salud en una audiencia donde se discute el futuro de la investigación judicial. El principal denunciado es el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y ex presidente de la obra social OSPRERA, José Antonio Voytenco
La Superintendencia de Salud (SSS) denunció hoy un posible desfalco en la obra social de los peones rurales, la segunda más grande del país con casi 760 mil afiliados, de más de $3350 millones. Ocurrió durante una audiencia ante la Cámara Federal de La Plata, donde se discute el futuro de una investigación judicial contra el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Antonio Voytenco, acusado de lavado de dinero.
La obra social OSPRERA está intervenida hace varios días en el marco de la investigación judicial. Pero la historia tiene varias idas y vueltas. Todo comenzó a comienzos de 2023, cuando un juez de Santa Rosa (La Pampa) ordenó la primera intervención. Esa gestión pidió una ayuda financiera ante la Superintendencia de Salud de 3350 millones. “La rendición de esos fondos se presentó el 7 de diciembre y se aprobó un día después, por eso sospechamos que hubo una administración irregular”, dijo una fuente de la SSS.
Esa primera intervención terminó su mandato en marzo de este año. El Gobierno siguió investigando el manejo de la obra social y decidió una nueva intervención a través de un decreto que llevaba la firma del presidente Javier Milei. Pero el juez de Santa Rosa, Juan José Báric, decidió suspender a esa interventora.
La situación cambió a partir de una denuncia por lavado de dinero contra el titular del gremio, que quedó a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Hace un mes, el magistrado allanó la sede del sindicato, ordenó el embargo de los bienes y la inhibición de las cuentas de Voytenco, y suspendió a todo el directorio de la obra social.
Además, el juez autorizó a la Superintendencia de Servicios de Salud a adoptar durante 120 días medidas de control y gestión sobre OSPRERA. “Este movimiento busca salvaguardar los derechos de los afiliados y asegurar la transparencia administrativa dentro de la organización”, apuntó una fuente judicial.
Más temprano, también hubo novedades en la causa judicial donde se investiga a Voytenco. El juez Villena hizo lugar a un recurso presentado por los abogados de la Superintendencia de Salud y revocó una decisión que había tomado su colega Juan Pablo Augé, que lo reemplazó cuando estuvo de licencia.
Hace dos semanas, Augé hizo lugar a un recurso planteado por el fiscal Sergio Mola, quien cuestionó la decisión de Villena de apartarlo de la causa. Contra esa decisión, la SSS, que actúa como querellante, planteó una nueva objeción. “Lo actuado por el Dr. Augé, en este corta pero ajetreada intervención, produjo confusión en el expediente y desconfianza de las partes en su capacidad para administrar justicia”, respondió ahora Villena.
En la misma resolución, el juez fue muy duro contra el fiscal. “Lejos de cumplir con su misión como Fiscal, busca paralizar la presente investigación, utilizándola únicamente para intentar agraviar a este Magistrado mediando el uso de suposiciones sin sentido”, sostuvo.
De fondo hay una disputa feroz para definir dónde debe tramitar la denuncia impulsada por otro dirigente del sindicato, Marcelo Agustín Andrada. Esa presentación señala que Voytenco podría haber utilizado su posición de poder en UATRE para favorecer su propio crecimiento patrimonial, incompatible con sus ingresos declarados. Entre los activos mencionados en la investigación se incluye una lujosa propiedad valuada en más de 1 millón de dólares, ubicada en un club de campo en Cañuelas, además de una colección de relojes de lujo con un valor aproximado de 150.000 dólares.
Según la acusación, el nivel de vida de Voytenco y su relación con ciertos proveedores de servicios de UATRE podrían indicar una red de negocios irregulares, donde se alega que habría recibido pagos en efectivo y otros beneficios en relación con contrataciones de la obra social y del sindicato.
Andrada también apuntó a la falta de transparencia en la administración de la obra social OSPRERA, que según indicó, habría negado prestaciones a afiliados en momentos de alta necesidad. No es todo. La denuncia habla de una maniobra con la empresa de seguros El Surco, que tiene los seguros de sepelio de todos los afiliados.
Ahora, la Cámara Federal platense deberá decidir si el juez Villena es competente para seguir a cargo de la causa y si se confirma el apartamiento del fiscal Mola.
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